En la última semana de noviembre recibimos la excelente noticia de la aprobación definitiva de la LEY “YOLANDA”.
Esta ley abre una nueva época en la tarea de la sostenibilidad ambiental, el compromiso del Estado y su vinculación con la ciudadanía en la lucha contra el desafío climático y la obligada transición y transformación socioeconómica.
Esta última abarca desde los proyectos nacionales estratégicos más relevantes hasta los más específicos desarrollos locales en todo el territorio nacional.
Se propone junto a la ley del Fuego, destinada a proteger áreas naturales y bosques de las maniobras especulativas y financieras inmobiliarias. Estas atentan contra nuestro patrimonio natural y los recursos del paisaje junto a reservas ecológicas y miles de puestos de trabajo que generan en todo el país.
La ley Yolanda
El nombre de la ley Yolanda se debe a Yolanda Ortíz, mujer que en el año 1973 fue pionera en el ejercicio del cargo de la Secretaría de Ambiente.
Esta ley, destinada a todos los cargos de la administración del Estado, impone la capacitación obligatoria en la temática del desarrollo sostenible y ambiental para que funcionarios públicos, de toda clase, puedan recibir la formación necesaria y propia que afecta cada especialidad y estén en condiciones de actuar en consecuencia.
El objetivo es obtener en los funcionarios, profesionales y trabajadores del Estado una visión holística, integradora y trasversal para una actuación eficiente y articulada con la sociedad, con el fin de ponerse a la altura de los desafíos presentes (relación con la socioforma y la ecoforma).
Esta capacitación es imprescindible para todas las profesiones municipales, no sólo en las reconocidas como específicamente ambientales. Abarca gestores y directores, docentes, comunicadores, policías, agentes de defensa civil, bomberos, asistentes sociales, médicos, sanitaristas, arquitectos, ingenieros, funcionarios técnicos y políticos, responsables del servicio jurídico, de producción, abogados, estadísticos, contables y, en general, trabajadores de todos los niveles. Habrá que adaptar y elaborar un discurso que permita la llegada a todos ellos.
La comisión asesora de educación ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), como autoridad de aplicación, tendrá que resolver cuáles son las formas de sanción para el incumplimiento de este proyecto de capacitación.
Lo que sí está claro es la urgente necesidad de comenzar con esta adecuación y formación del funcionariado, para lo cual ha establecido plazos límites.
Para evitar demoras y dificultades en la aplicación, el COFEMA contempla la participación de organizaciones civiles públicas y privadas en pos de evitar dilaciones y demoras en la implementación del proyecto de formación, que también prevé el uso de fondos para el cumplimiento específico de los cursos.
